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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Lo que está ocurriendo alrededor de la antigua estación del ferrocarril de San Miguel de Allende no comenzó ayer con la llegada de un hombre en una camioneta con placas de Michoacán. La historia viene de muchos años atrás y atraviesa la privatización del sistema ferroviario mexicano, la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, la venta de sus bienes y hasta una investigación federal por un presunto quebranto superior a mil 800 millones de pesos.
Y en medio de toda esa maraña aparece un dato que hoy cobra especial importancia para San Miguel de Allende: más de 10 mil metros cuadrados del antiguo patio de maniobras habrían sido vendidos por $2 millones 800 mil pesos.
Así aparece, de acuerdo con información y documentación consultada por este medio, en la escritura pública con el folio R3*21221, formalizada en 2008 y cuya inscripción se encuentra en el Registro Público de la Propiedad.
Es decir: más de una hectárea del antiguo patio ferroviario por 2.8 millones de pesos.
Pero para entender cómo llegamos hasta aquí hay que echar el tren en reversa.
TODO COMENZÓ CON LA PRIVATIZACIÓN DE LOS FERROCARRILES
La historia se remonta al gobierno del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando México emprendió la privatización del sistema ferroviario nacional.
Durante aquella administración se modificó el esquema bajo el cual operaba Ferrocarriles Nacionales de México y comenzaron a entregarse mediante concesiones las principales rutas ferroviarias a empresas privadas.
Posteriormente vino la liquidación de Ferronales y la necesidad de determinar qué ocurriría con una enorme cantidad de terrenos, edificios, talleres, patios, derechos e infraestructura que durante décadas habían formado parte del patrimonio ferroviario nacional.
El proceso continuó durante el gobierno del panista Vicente Fox Quesada y ahí aparece un personaje fundamental para esta historia: Enrique Alejandro Rivas Zivy, el hombre encargado de liquidar los bienes de Ferronales.
Rivas Zivy fungió como delegado fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.
En otras palabras, estuvo dentro de la estructura responsable de administrar la liquidación de una empresa pública que durante décadas acumuló terrenos e infraestructura a lo largo y ancho del país.
Y entre todo ese patrimonio estaban también bienes ferroviarios en Guanajuato.
De acuerdo con la documentación en la que deberá terminar de reconstruirse alrededor del caso de San Miguel de Allende, durante aquel proceso se habría realizado la operación mediante la cual el patio de maniobras terminó en manos particulares.
Pero años después, el nombre de Rivas Zivy aparecería en un escándalo mucho mayor.
EL FRAUDE DE LOS MIL 800 MILLONES
En 2010, la Secretaría de la Función Pública informó sobre irregularidades atribuidas a cinco exfuncionarios relacionados con Ferrocarriles Nacionales de México y presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Entre los señalados se encontraba precisamente Enrique Alejandro Rivas Zivy. El asunto estaba relacionado con operaciones realizadas entre 2003 y 2005 para la venta de chatarra ferroviaria.
Según la información difundida entonces por autoridades y medios nacionales, había quedado pendiente la entrega de material valuado en aproximadamente 10.3 millones de pesos.
Pero para cubrir aquella obligación se habrían entregado indebidamente más de 52 mil toneladas de bienes ferroviarios, incluyendo vías, rieles, durmientes, clavos y planchuelas.
El valor calculado del material alcanzaba aproximadamente $1 mil 800 millones de pesos. No eran unos cuantos fierros olvidados en una bodega, era patrimonio ferroviario de la Nación.
La investigación involucró además a Efrén Alejandro del Pozo Castro, Antonio Paredes Ruiz, Saúl Román Tiburcio y Pedro Rodolfo Muriel Salazar.
La indagatoria federal fue identificada entonces como PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XVI/91/2010.
La Secretaría de la Función Pública impuso sanciones administrativas e inhabilitaciones de hasta 15 años contra los funcionarios involucrados y presentó la denuncia correspondiente.
Sin embargo, debe hacerse una precisión importante: la denuncia y las sanciones administrativas están documentadas, pero eso no equivale automáticamente a una sentencia penal condenatoria. Hasta ahora, la información consultada por este medio no permite afirmar que Rivas Zivy haya recibido una condena de prisión por aquel caso.
Y EN MEDIO DE TODO APARECE SAN MIGUEL DE ALLENDE
Aquí es donde aquella enorme historia nacional aterriza directamente en San Miguel de Allende
De acuerdo con información obtenida para esta investigación, más de 10 mil metros cuadrados correspondientes al patio de maniobras de la antigua estación ferroviaria fueron vendidos en 2 millones 800 mil pesos.
La operación consta, según los documentos consultados, en la escritura pública número folio R3 21221,
El instrumento habría quedado formalizado en 2008 y posteriormente inscrito ante el Registro Público de la Propiedad de San Miguel de Allende.
La propiedad habría sido adquirida por un particular llamado José Luis María Esteban Camacho originario de Nueva Italia de Mugica, Michoacán, quien posteriormente estaría relacionado con otras personas interesadas actualmente en tomar posesión y utilizar el inmueble.
Precisamente aquí se abre una nueva línea de investigación, porque no solamente importa saber quién aparece actualmente como propietario. Hay que conocer toda la cadena de propiedad: ¿Quién vendió, Quién compró, quién autorizó? ¿Con qué facultades se realizó la operación? ¿Qué superficie exacta comprende la escritura? ¿Qué régimen tenía el inmueble cuando fue vendido?
Y, sobre todo, si aquellos terrenos podían legalmente ser enajenados en las condiciones en que se hizo.
MÁS DE UNA HECTÁREA POR 2.8 MILLONES
El precio asentado en la operación abre inevitablemente otra pregunta. ¿Cómo terminaron más de 10 mil metros cuadrados del histórico patio de maniobras del ferrocarril vendidos por solamente 2 millones 800 mil pesos?
No se trata de cualquier terreno. Estamos hablando de una superficie superior a una hectárea vinculada históricamente con la estación ferroviaria de una ciudad que, años después, experimentaría una explosión en el valor inmobiliario.
Por eso será necesario conocer la superficie exacta consignada en la escritura, el avalúo utilizado para aquella operación y las condiciones del mercado existentes en el momento de la compraventa antes de determinar si el precio estuvo por debajo de su valor real.
La escritura puede convertirse en la pieza central de todo el rompecabezas.
Otro punto que tendrá que aclararse es qué parte de los antiguos terrenos ferroviarios fue vendida y qué parte continuó vinculada a la concesión ferroviaria.
Tras la privatización, diferentes corredores fueron concesionados a compañías privadas y actualmente parte de la infraestructura ferroviaria de la región se encuentra vinculada a Canadian Pacific Kansas City.
Pero jurídicamente no es lo mismo hablar de las vías activas y derechos de vía que de terrenos o inmuebles que pudieron ser desincorporados y vendidos durante la liquidación de Ferronales.
Por eso habrá que revisar el asunto metro por metro, qué pertenece a la Federación, qué forma parte de la concesión ferroviaria, qué fue vendido a particulares, qué estuvo bajo custodia o utilización del municipio y qué ocurre con las viviendas ocupadas desde hace décadas por familias de trabajadores, jubilados y pensionados ferroviarios.
FAMILIAS QUE LLEVAN 40 O 50 AÑOS AHÍ
El problema dejó de ser únicamente jurídico porque alrededor de la antigua estación existen familias que llevan cuatro o cinco décadas viviendo en esa zona.
Algunos nacieron ahí, sus padres trabajaron en el ferrocarril, sus hijos crecieron ahí y actualmente nuevas generaciones continúan habitando esos espacios. Para ellos, la aparición repentina de personas asegurando tener derechos sobre los terrenos no es un simple pleito entre abogados: ¡¡¡Es su casa!!!.
Y hasta ahora, aseguran, nadie les había explicado claramente qué ocurrió con aquellos terrenos, quién los compró o hasta dónde llegan las propiedades que fueron escrituradas.
La historia volvió a explotar esta semana. Vecinos reportaron que un hombre joven llegó a bordo de una camioneta con placas de Michoacán y les comunicó que acudía para tomar posesión de la zona.
Y ahí comenzaron nuevamente las preguntas.
Según información obtenida por este medio, autoridades federales ya estarían buscando establecer plenamente la identidad del hombre y conocer bajo qué representación acudió al sitio.
Hasta ahora no se ha informado públicamente de alguna orden de desalojo contra las familias que viven en los alrededores.
¿Y EL CROSSFIT DEL MUNICIPIO?
Hay otro ingrediente que vuelve todavía más extraño el asunto. Durante la administración encabezada por Mauricio Trejo Pureco, el gobierno municipal ocupó parte de las instalaciones ferroviarias y acondicionó uno de los espacios como un área de CrossFit.
Durante meses el inmueble fue utilizado, pero en el mes de febrero de este 2026, comenzó su desmantelamiento por parte del municipio, sin decir agua va, sin avisar, solo quitó de ahí cuando dijo que era el gimnasio para todos los sanmiguelenes… EL MICHOACANO OTRA VEZ MINTIÓ.
Detrás existiría un procedimiento jurídico relacionado con la posesión o utilización del inmueble que no habría resultado favorable para el Ayuntamiento.
Y ahora las preguntas también deben dirigirse al gobierno municipal:
- Si el michoacano Mauricio Trejo ya sabía que pasaría ¿porqué no les dijo nada a los vecinos y las familias ferrocarriles?
- Si el michoacano Trejo declaró en entrevistas QUE TODO EMPEZÓ EN 2022 y que hasta comenzó un proceso legal que “perdió” él y sus abogados (o se dejaron perder) ¿porqué nunca informó a los sanmiguelenses?
- ¿Con qué documento ocupó ese inmueble?
- ¿Existía comodato? ¿Convenio? ¿Permiso? ¿Custodia?
- ¿Quién autorizó invertir recursos municipales en un inmueble cuya propiedad aparentemente estaba controvertida?
- ¿Quién llevó el litigio? ¿Se contestó correctamente? ¿Se presentaron todas las pruebas? ¿Se agotaron los recursos legales?¿El Ayuntamiento conocía lo que estaba pasando en este lugar?
Y una pregunta todavía más incómoda: ¿El gobierno en manos del michoacano Mauricio Trejo Pureco perdió el juicio porque jurídicamente no tenía cómo ganarlo o simplemente no lo peleó como debía?
Eso tendrá que responderlo el expediente, pues una buena parte de las respuestas podrían encontrarse en un documento: la escritura pública que pueden rastrear con el folio R3 21221.
Hasta ahora existe un dato particularmente llamativo: más de 10 mil metros cuadrados por 2 millones 800 mil pesos.
La antigua estación del ferrocarril lleva décadas viendo pasar historias: Primero fueron locomotoras, después vino la privatización, uego la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, después aparecieron las ventas de terrenos y más tarde llegó un enorme escándalo nacional por un quebranto calculado en mil 800 millones de pesos que involucró a funcionarios encargados precisamente de aquella liquidación.
Y ahora, casi dos décadas después de la escritura de 2008, aparece en San Miguel de Allende un hombre en una camioneta con placas de Michoacán diciendo que viene a tomar posesión. Demasiadas piezas para considerarlo simplemente una casualidad.
Por eso esta historia apenas comienza.
Porque los trenes podrán haber dejado de detenerse en aquella estación como antes, pero los documentos siguen ahí.
Y si algo puede contar quién se quedó con el patio de maniobras de San Miguel de Allende, por cuánto dinero y bajo qué condiciones, son precisamente esos papeles que durante casi 20 años pocos se habían detenido a revisar.
