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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Para habitantes de Jalpa, su peor mala suerte no fue una sequía, una mala cosecha ni ver disminuir el agua: fue que el alcalde de San Miguel de Allende, el michoacano Mauricio Trejo Pureco y su familia, se convirtieran prácticamente en sus vecinos.
Habitantes de la zona denuncian que los problemas comenzaron desde hace tiempo y que hoy la situación habría llegado al extremo de que ni siquiera los estarían dejando acercarse libremente a la presa de Jalpa, un cuerpo de agua que campesinos de la región aseguran haber utilizado durante décadas para sus actividades agrícolas.
Los señalamientos de los pobladores son graves y, precisamente por ello, requieren una respuesta pública de las autoridades federales involucradas.
Vecinos acusan afectaciones a caminos vecinales y tierras, además de una política de apoyos que, según ellos, beneficia solamente a determinados habitantes y delegados cercanos al gobierno municipal, que los usan para taparles la boca y evitar que digan algo.
Pero ahora el conflicto tiene un ingrediente todavía más delicado: el agua.
“Ahora resulta que tampoco podemos acercarnos a la presa”
Campesinos denuncian que se les pretende impedir acercarse y tomar agua de la presa como aseguran haberlo hecho durante décadas. Incluso señalan que han recibido advertencias de posibles agresiones si se aproximan al lugar.
Mauricio Trejo, por su parte, ha hablado públicamente de denunciar a quienes supuestamente pretendan “abrir las compuertas” sin autorización y de posibles consecuencias legales.
Aquí aparece una contradicción que los habitantes no han dejado pasar: la presa de Jalpa NO OPERA con las supuestas “compuertas” descritas en ese discurso, sino mediante válvulas, según señalan los propios habitantes.
Y hay otra pregunta mucho más importante: ¿quién tiene realmente la competencia legal sobre el agua y la infraestructura de esa presa?
Si se trata de aguas nacionales e infraestructura bajo competencia federal, corresponde aclarar públicamente qué atribuciones tiene CONAGUA, cuáles tiene el municipio y, sobre todo, bajo qué fundamento una autoridad municipal podría impedir el acceso o amenazar con acciones penales a campesinos que aseguran tener décadas aprovechando ese recurso.
Porque una cosa es regular legalmente el aprovechamiento del agua y otra muy distinta sería utilizar el poder público para intimidar a una comunidad.
El peor vecino de Jalpa
La inconformidad tiene además un antecedente que vuelve todavía más explosiva la relación entre los habitantes y el alcalde de San Miguel de Allende, a quien acusan de abuso de autoridad y de tomar atribuciones que no le corresponden, todo por proteger terrenos que tiene cerca de ellos.
En esa misma zona se encuentra el rancho y viñedo conocido como “Las Tres Niñas”, propiedad que críticos de la administración han bautizado como el “mega monumento a la corrupción” y que actualmente, de acuerdo con los señalamientos planteados por los denunciantes, estaría a nombre de su hija, Valentina Trejo Ramírez, hija del presidente municipal.
Los habitantes y críticos del gobierno municipal han acusado también que recursos, obras o infraestructura pública habrían terminado beneficiando directa o indirectamente el entorno de esa propiedad. Estas acusaciones han sido documentadas pero no esclarecidas por las autoridades fiscalizadoras competentes para establecer responsabilidades.
Ahora los pobladores temen un nuevo pleito por la presa de Jalpa, donde señalan que el michoacano Mauriricio Trejo Pureco compró otros terrenos y tenga relación con intereses sobre terrenos ubicados en la misma zona.
Y ahí nace la pregunta que retumba entre los habitantes: ¿Quién quiere el agua de la presa de Jalpa y para qué? ¿por qué también tiene guardias y hasta policías vigilando la presa que directamente da a sus terrenos?
Porque si existen propiedades particulares interesadas en ese recurso, las autoridades deberían transparentar concesiones, permisos, títulos de aprovechamiento, volúmenes autorizados y cualquier intervención realizada alrededor de la presa.
El agua no se convierte en propiedad del Alcalde
Los campesinos tienen razón en exigir claridad: Una presa no se convierte en propiedad privada de un presidente municipal solamente porque tenga terrenos cerca, como tampoco los recursos naturales pueden administrarse mediante amenazas, discursos o pleitos personales.
Si existe una restricción legal para utilizar el agua, que se enseñe el documento. Si existe una concesión, que se haga pública. Si existe una disposición de CONAGUA, que se informe.
Y si existen denuncias contra campesinos, que se explique exactamente qué legislación presuntamente violaron.
Pero si no existe nada de eso, entonces también deberá aclararse quién ordenó impedirles acercarse, quién habría amenazado a los habitantes y con qué autoridad lo hizo.
Los habitantes de Jalpa no llegaron ayer. Sus familias llevan décadas ahí, trabajando la tierra y conociendo cada camino, cada parcela y cada temporada de agua.
Hoy aseguran que su tranquilidad se terminó desde que el michoacano Mauricio Trejo llegó al poder político y por mala suerte llegó literalmente hasta su vecindario.
Primero fueron los caminos y los conflictos por la tierra, denuncian. Después los apoyos selectivos y los delegados alineados. Ahora, dicen, hasta la presa y el agua están en disputa.
Mauricio Trejo tendrá derecho a defender cualquier propiedad particular que legalmente le corresponda. Lo que no puede confundirse es una propiedad privada con el territorio, los caminos o los recursos naturales de toda una comunidad.
Porque ser Alcalde tampoco convierte a nadie en dueño del municipio, u mucho menos en dueño del agua.
Los habitantes de Jalpa merecen una explicación pública, documentos y garantías de que nadie será intimidado por defender lo que consideran un aprovechamiento histórico de su comunidad.
Después de todo, cuando el vecino también controla el gobierno municipal, el reclamo ciudadano deja de ser solamente un pleito entre vecinos.
Se convierte en un asunto de poder.
