25N: Aquí la violencia no cae del cielo, la ejercen los hombres y urge detenerla

Porque mientras el planeta pinta listones y levanta pancartas, en la vida real la violencia no da tregua: sigue golpeando en las casas, donde la mayoría de las mujeres son maltratadas por sus propias parejas; sigue respirando en los trabajos, donde el acoso se esconde detrás de jerarquías, silencios comprados y expedientes que misteriosamente no avanzan.

Los datos lo dicen:

• En 2022, en el municipio fueron atendidas 124 mujeres que vivían algún tipo de violencia, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato inició 393 carpetas de investigación relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres.

• En el primer semestre de 2024 se registraron 86 llamadas al 911 por violencia doméstica, y en ese mismo periodo 101 mujeres acudieron a solicitar asesoría legal al Instituto Municipal de Atención a la Mujer (IMAM); sin embargo solo alrededor de la mitad de ellas (aproximadamente 50 %) presentaron denuncia ante Fiscalía.

• Durante el confinamiento (15 de marzo – 15 de junio de 2020) se atendieron en San Miguel de Allende 90 casos de violencia doméstica, de los cuales 15 fueron por violencia física y 9 ameritaron denuncia, seis de los cuales se tradujeron en orden de restricción para el agresor.

Aquí, la violencia no solo existe: se protege, se apapacha y hasta se financia con recursos públicos.

Ahí está el caso del encargado de Tránsito, Jorge Salas Luna, quien carga al menos tres denuncias, dos de ellas por presunto acoso y otra más por hostigamiento sexual contra sus compañeras. Y aunque debería estar enfrentando la ley, parece más bien que la ley se hace de la vista gorda. Bueno… la ley no: los que imparten la ley, que casualmente también son hombres.

Hombres que lo arropan, le limpian el expediente y le pagan abogados con dinero público. Nada más ocho milloncitos en un año para defender lo indefendible. Cariño institucional, le llaman.

Y la lista sigue.

Tenemos al alcalde Mauricio Trejo, michoacano de nacimiento, sanmiguelense por conveniencia, con denuncias por violencia política de género que siguen congeladas, empolvadas y olvidadas. Porque, claro, cuando el acusado es quien corta el listón y firma los cheques, las carpetas duermen profundamente en un cajón.

Y el director de Patrimonio, Óscar Sánchez Zavarize, quien libra su propio combate, pero no por justicia, sino contra las madres de sus propios hijos, negándose a igualar pensiones alimentarias mientras presume en redes la “energía” que sí tiene para llamar “putitas” a las mujeres a las que acosa y pedirles fotos provocativas, según un presunto mensaje enviado, al parecer, desde sus redes sociales a una de las mujeres que hostiga sexualemente. Todo un ejemplo del manual clásico: violento, misógino y convenientemente intocable.

Porque eso pasa aquí: entre ellos se encubren, entre ellos se protegen, entre ellos se pagan los abogados y entre ellos entierran las denuncias.

Y cuando una mujer se atreve a levantar la voz, entonces comienza el fuego: que si es zorra, que si es golfa, que si se acuesta con casados, que si “por algo será”. El repertorio más viejo del patriarcado, interpretado por las mismas voces de siempre.

Y, para rematar, también hay mujeres dentro del propio sistema encargándose de que todo siga igual. Ahí está Sandra Pamela González Salazar, agente del ministerio público, adscrita a la Fiscalía Especializada en investigación de delitos cometidos en contra de mujeres por razones de género, de la región D,  responsable de defender a las mujeres de los hombres, y señalada por un juez por no aplicar perspectiva de género y por enterrar carpetas como si fueran basura que estorba.

Por eso, en este 25N, más que discursos bonitos, queda claro algo: la violencia no se detiene porque los violentos tienen nombre, cargo, sueldo, oficina… y aliados.

Y las mujeres, una vez más, siguen cargando con todas las consecuencias.