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CDMX.- El esposo de la conductora Inés Gómez Mont y abogado de despacho señalado por operar redes de empresas fantasma es acusado de desviar casi 3 mil millones de pesos del erario. Y según las pistas, parte del botín llegó hasta residencias de lujo en San Miguel de Allende.
Álvarez Puga es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como cabecilla de una red de lavado de dinero y delincuencia organizada que operó vía más de 40 sociedades fachada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong. Su implicación llega hasta comprar mansiones en destinos turísticos para ocultar el dinero.
Desde el 2019, cuando la FGR abrió la carpeta investigativa, hasta ahora, los focos rojos de la justicia apuntan fuerte contra Víctor Álvarez Puga. Se le acusa de diseñar y operar un entramado de empresas fantasma, que simulaban dar servicios sin estructura real, para canalizar fondos públicos del erario a cuentas privadas
Lo grave: la desviación –según la acusación– suma aproximadamente 3 mil millones de pesos, y parte de los recursos provenientes de la Secretaría de Gobernación, cuando Osorio Chong era titular.
Y San Miguel de Allende no queda fuera del radar: fuentes señalan que Álvarez Puga habría invertido parte del dinero en residencias de lujo en la ciudad turística, adquiridas hace 3 años, lo que implica complicidad local o al menos omisión de autoridades, según relatan en notas de medios nacionales.
Aunque él y Gómez Mont han estado prófugos, con fichas rojas emitidas por la Interpol, la detención de Álvarez Puga en Miami –por irregularidades migratorias– puso una luz más sobre el caso.
Expertos lo han bautizado como el “Chapo de las factureras”, por su papel clave en el modelo de simular servicios para vaciar millones del erario mediante compañías de cartón.
La FGR insiste: la red operó con protección política, facturación simulada y una ruta financiera diseñada para que el rastro se perdiera. Mientras tanto, las propiedades adquiridas —incluyendo mansiones en destinos exclusivos— evidencian el tamaño del agujero y el estilo de vida de lujo que financió.
El caso revela que el saqueo ya no se limita a un solo estado: trasciende geografías. Que haya salpicado a San Miguel de Allende debería prender alarmas para el municipio, donde la compra de bienes por personajes investigados también exige investigar.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿Quién permitió que un despacho legal y un empresario-financiero conviertan contratos públicos en palacios privados?
En conclusión
El escándalo de Víctor Álvarez Puga deja no solo números escandalosos, sino rutas localizadas: empresas fantasma, contratos simulados, propiedades en paraísos inmobiliarios y complicidades locales. San Miguel de Allende aparece como escenario donde el dinero quebrado encontró mansiones y fachadas.
Mientras la justicia avanza a paso de tortuga, el costo —en recursos públicos, confianza ciudadana e imagen— ya está cobrado.
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