Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- En pleno proceso electoral y con la bandera del “buen gobierno” ondeando al fondo, la entonces encargada de Atención Ciudadana del municipio, Claudia Barragán Méndez (hoy Oficial Mayor del municipio) habría aprovechado su posición dentro del programa social Soy tu amigo para beneficiar directamente a su hija con recursos públicos.
Según documentos en poder de NEWS, Barragán Méndez autorizó apoyos económicos de $10 mil pesos, en al menos 2 ocasiones, para su propia hija en un acto que podría configurarse como cohecho, peculado y tráfico de influencias, todos ellos tipificados en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Como si se tratara de un libreto escrito con descuido y un final predecible, la joven beneficiaria de nombre Regina Sánchez Barragán, incluso escribió una carta para declarar que necesitaba apoyo económico para seguir sus estudios de Sicología Clínica en la Universidad Cuauhtemoc Plantel Querétaro. Lo que omitió decir la joven, es que tanto su madre como su padre son funcionarios públicos que juntos logran sueldos cercanos a los $100 mil pesos al mes, según registros oficiales de Transparencia.
Los padres de Regina:
- Claudia Barragán Méndez es Oficial Mayor
- Óscar Sánchez Zavarice, Director de patrimonio del Municipio
La ley es clara, aunque algunos funcionarios parezcan no haberla leído:
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El artículo 52 tipifica como cohecho otorgar beneficios con recursos públicos a familiares consanguíneos, civiles o con vínculos profesionales.
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El artículo 53 califica como peculado el uso de recursos públicos para sí o personas relacionadas, sin fundamento jurídico.
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Y el artículo 54 advierte sobre la responsabilidad en el desvío de recursos si se autoriza o ejecuta sin sustento legal.
Actualmente, el encargado de despacho de la Contraloría Municipal, Erick Fabricio Nava -en colaboración con exfuncionarios de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), despedidos de la dependencia estatal y que fueron contratados por el gobierno municipal, se encuentra “moviendo piezas”, intentando construir una narrativa que cubra lo que, por todos lados, huele a irregularidad.
Aún no se emite una resolución formal, pero si el asunto se barre debajo del tapete, no será la primera vez que en San Miguel de Allende la ley se interprete como plastilina institucional.
Mientras tanto, la ciudadanía observa, con resignación cívica, cómo los recursos que deberían llegar a los más necesitados terminan quedándose, una vez más, en familia.
