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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- La justicia comenzó a pasar factura. La mañana de este miércoles, el exdirector de Patrimonio y Centro Histórico de San Miguel de Allende, Emilio Lara, fue vinculado a proceso por la vía penal, luego de que un juez determinara que incurrió en desacato al incumplir una orden judicial relacionada con la apertura de una terraza ubicada junto a la Parroquia de San Miguel Arcángel.
El caso lleva meses arrastrándose entre recursos legales, audiencias y resoluciones. Sin embargo, este día el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal en contra del exfuncionario.
Durante la audiencia, Emilio Lara intentó deslindarse de la responsabilidad y sostuvo que la decisión de desobedecer la orden, y pasarse por “el arco del triunfo” la orden del juez, así como mantener cerrada la terraza obedecía a instrucciones del alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco.
Pero el argumento no convenció al juzgador.
De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el juez le hizo ver que, independientemente de quién hubiera dado la instrucción, él tenía conocimiento de que existía una orden judicial que debía cumplirse y que, al ignorarla, incurrió en un desacato.
El propio juez dejó en claro que una posible responsabilidad de quien haya ordenado incumplir la resolución judicial se analiza ya por separado y, en su caso, seguir el cauce legal correspondiente. Es decir, una cosa es quien da una instrucción y otra quien decide ejecutarla sabiendo que contraviene una resolución judicial.
El caso vuelve a poner sobre la mesa un tema que suele repetirse en los gobiernos: la responsabilidad personal de los servidores públicos frente a órdenes que consideran ilegales.
En el servicio público, cumplir instrucciones no exime automáticamente de responsabilidad cuando existe conocimiento de que una orden judicial debe acatarse. Precisamente ese fue uno de los puntos centrales que el juez destacó durante la audiencia.
La resolución también envía un mensaje para quienes ocupan o han ocupado cargos de dirección dentro de la administración pública: seguir instrucciones contrarias a la ley puede tener consecuencias personales, incluso cuando provengan de un alcalde que actúa por resentimiento y utiliza a sus directores como sicarios contra los ciudadanos.
Ahora el proceso penal continuará en las siguientes etapas judiciales, donde se determinará la responsabilidad que corresponda conforme a derecho.
