REDACCIÓN | NEWS
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Mientras los sanmiguelenses siguen esperando que la tranquilidad vuelva a las calles, una cifra llama la atención dentro de los gastos realizados por el gobierno municipal en materia de seguridad: $232 millones 607 mil 211 pesos destinados a sistemas de video vigilancia, monitoreo y tecnología de seguridad.
La cantidad no es menor. Son más de 232 millones de pesos del dinero de los contribuyentes invertidos durante las administraciones encabezadas por el alcalde de origen michoacano, Mauricio Trejo Pureco, bajo la promesa de fortalecer la seguridad pública mediante herramientas tecnológicas.
Sin embargo, la pregunta que surge es inevitable:
¿Qué resultados concretos han obtenido los sanmiguelenses a cambio de esa inversión?
El cuestionamiento toma relevancia luego de que una investigación periodística de PopLab revelara cómo la empresa Seguritech ha construido durante años un multimillonario negocio alrededor de la videovigilancia en Guanajuato, entidad que se convirtió en uno de sus principales clientes mientras la violencia continuaba creciendo.
En San Miguel de Allende, la historia parece tener ingredientes similares.
Las cámaras llegaron, los centros de monitoreo se instalaron, os contratos se firmaron, los pagos se realizaron, pero los hechos violentos, los homicidios, las ejecuciones y los delitos de alto impacto continúan apareciendo en las páginas policiacas y en los reportes ciudadanos.
La tecnología, por sí sola, no ha logrado devolver la sensación de seguridad que durante años distinguió a uno de los destinos turísticos más importantes de México.
Especialistas en seguridad han señalado que los sistemas de videovigilancia son herramientas útiles para documentar e investigar delitos, pero advierten que difícilmente sustituyen las labores de inteligencia, prevención, investigación criminal y fortalecimiento policial.
Dicho de otra manera: una cámara puede grabar un delito, pero no necesariamente impedir que ocurra.
Por ello, además del monto invertido, ciudadanos y organizaciones han comenzado a cuestionar aspectos que hasta ahora permanecen poco claros:
¿Cuántas cámaras operan actualmente? ¿Cuántas se encuentran fuera de servicio? ¿Cuántos delitos han sido esclarecidos gracias a estos sistemas? ¿Cuántas detenciones se han logrado derivadas de la videovigilancia? ¿Cuál ha sido el costo de mantenimiento de toda esta infraestructura? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el beneficio real para la población?
Mientras esas respuestas no lleguen, la cifra seguirá creciendo como uno de los gastos más importantes en materia de seguridad pública.
Porque si algo queda claro es que los contratos sí se pagaron y las empresas sí cobraron.
Lo que muchos ciudadanos aún esperan ver es si la paz que les prometieron también venía incluida en los más de 232 millones 607 mil 211 pesos que salieron de las arcas municipales y hasta comisiones por $9 millones que nadie ha entendido de que se trata.
Más allá de la seguridad: naves industriales, cuidado viñedos y obra pública para alcaldes y el ex gobernador
