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La CNDH, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la bancada de Morena impugnan la reforma aprobada en junio por el Congreso local; señalan violaciones a la independencia judicial y posibles medidas discriminatorias.
Guanajuato, 16 octubre,2025.- La reforma constitucional al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, aprobada por unanimidad en el Congreso local, enfrenta ahora controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los recursos fueron promovidos por la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia bancada de Morena, que votó a favor de los cambios pero posteriormente los consideró contrarios a la Constitución.
La reforma judicial de Guanajuato, avalada en junio pasado por el Congreso del Estado, fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tres instancias: la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la bancada de Morena en el Legislativo local.
De reversa Morena
El grupo parlamentario de Morena presentó una acción de inconstitucionalidad pese a haber respaldado la iniciativa en el Pleno. Su coordinador, Ricardo Ferro Baeza, reconoció que “no se percataron de todos los alcances” de la propuesta y aseguró que la decisión de acudir a la Corte no obedece a una instrucción del Gobierno Federal, sino al ejercicio de una facultad legal.
Morena, la CNDH y la Consejería Jurídica federal impugnaron diversos artículos por considerar que vulneran la independencia judicial.
Los artículos impugnados son prácticamente los mismos que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal señaló en su propio recurso. Entre los puntos cuestionados se encuentra la fracción XIII del artículo 92 de la Constitución local, que establece la obligatoriedad de concursos de oposición para acceder a magistraturas y juzgados, con base en los resultados obtenidos por los aspirantes.
De acuerdo con Morena, el decreto aprobado “se aparta del marco constitucional federal” y contiene disposiciones que vulneran principios de independencia judicial y paridad de género. También advierten que otorga amplias facultades al Órgano de Administración Judicial, como la de determinar el ingreso, promoción y separación de personal, así como crear o eliminar plazas, lo que podría poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial.
Otros puntos impugnados
La CNDH, por su parte, impugnó el límite de edad de 75 años impuesto a magistradas y magistrados, al considerar que constituye una medida discriminatoria y contraria a los derechos humanos.
Otros aspectos señalados en las controversias incluyen la intervención del Congreso del Estado para autorizar licencias o renuncias de integrantes del Poder Judicial; la exigencia de residencia mínima de cinco años en Guanajuato para aspirar a una magistratura; y los requisitos considerados excesivos para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que evaluará el desempeño de jueces y magistrados durante su primer año de funciones.
El Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad la reforma judicial en junio de este año.
En tanto, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, confió en que las adecuaciones a las leyes secundarias se realicen en tiempo, pues el Congreso de la Unión fijó como plazo máximo febrero de 2026 para que las entidades armonicen su marco jurídico con la reforma federal.
El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señaló que el Congreso estatal aún no ha presentado iniciativas para adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial ni la Ley Electoral local, aunque el PAN ya trabaja en una propuesta.
Si el Congreso no realiza las reformas antes de 2027, advirtió Tinajero, la elección de jueces y magistrados deberá regirse directamente por lo que dispone la Constitución Federal.
“Lo deseable es que se armonice la norma estatal, pero si no ocurre, se aplicará la Constitución en directo”, puntualizó el magistrado presidente.
