Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- A través de sus redes sociales, Jany, madre de una niña de 8 años, ha alzado la voz para pedir ayuda y recuperar a su hija, luego de que una resolución judicial le impidiera verla.
Según su testimonio, en enero su expareja interpuso una denuncia en su contra, tras lo cual la jueza de lo familiar Martha Guadalupe Lino Ramírez ordenó que la niña fuera separada de su lado y prohibió que tuviera contacto con ella. Después de luchar legalmente, Jany obtuvo una resolución que le permite convivir con su hija; sin embargo, cuando acudió al colegio Fray Pedro de Gante, donde estudia la menor, las autoridades del plantel, incluidas religiosas, le impidieron acercarse.
En su denuncia pública, Jany relató que presentó la orden emitida por la Fiscalía de Guanajuato a la madre Laura, representante del colegio, para solicitar su apoyo y poder ver a su hija. “Tengo 36 días sin verla, y solo pedía 10 minutospara estar con ella, ya que tengo la guarda y custodia. Sin embargo, me negaron la petición, argumentando que existía otro oficio que prohibía mi acercamiento, pero nunca me lo mostraron”, explicó en su publicación.
Ahora, Jany pide apoyo para recuperar a su hija, pues asegura que ha sido apartada de ella injustamente, mientras que su expareja –a quien denunció previamente por violencia familiar– es quien actualmente la tiene bajo su cuidado. La madre señala que en su momento otorgó el perdón legal con la esperanza de que la convivencia con su hija no se viera afectada, pero ahora enfrenta un escenario aún más complicado.
¿Complicidad de las autoridades?
Casos como el de Jany reflejan la revictimización que muchas madres sufren en procesos judiciales de separación y custodia. A pesar de contar con una orden que le permite convivir con su hija, enfrenta obstáculos que agravan la violencia institucional y familiar que ya padecía.
En México, la violencia familiar no solo afecta a mujeres y niños en el ámbito doméstico, sino que se extiende a tribunales, instituciones educativas y sistemas de justicia, donde en muchas ocasiones los procesos se vuelven burocráticos y poco sensibles a las necesidades emocionales de los menores.
El arraigo materno y el derecho de los niños a convivir con ambos padres son principios fundamentales en la legislación mexicana, pero en la práctica, casos como este evidencian que muchas veces la justicia parece favorecer a los agresoresy dificulta el acceso de las madres a sus propios hijos.
Jany ahora busca el respaldo de la sociedad para que su caso sea escuchado y se haga justicia. “¿Tengo que tener poder para que me hagan caso?“, cuestiona en su mensaje, mientras continúa su lucha por volver a ver a su hija.
las familias rotas
