Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- En San Miguel de Allende, el cobro del impuesto predial ha generado controversia luego de que adultos mayores denunciaran que no se les respeta la cuota mínima estipulada por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. Este beneficio, que corresponde a grupos como jubilados y pensionados, parece estar siendo condicionado o negado por parte de la administración municipal.
Un caso reciente expone a un adulto mayor, jubilado y pensionado, a quien se le negó este derecho bajo el argumento de que “el beneficio solo aplica por tres años”. Sin embargo, esta afirmación contradice lo establecido en el artículo 164 de la Ley de Hacienda, que no estipula ningún límite temporal para el otorgamiento de la cuota mínima.
- Barreras burocráticas y falta de accesibilidad
Además de no respetar el derecho a la cuota mínima a los adultos mayores, los afectados señalan que el proceso para presentar solicitudes que los obligan a hacer, es engorroso y carente de sensibilidad hacia los adultos mayores. Entre las quejas destacan la falta de lugares accesibles, obligándolos a subir escaleras, sacar copias, escanear documentos y llenar formularios para acceder a un beneficio que, por ley, debería ser automático.
Un ciudadano expresó su indignación: “Nos hacen subir escaleras y cumplir trámites que no tienen sentido. Nunca me había pasado esto en gobiernos anteriores. Es un insulto que, además de ignorar lo que dice la Ley, nos traten así”.
- El contexto político y la falta de recursos
Algunos ciudadanos atribuyen esta situación a la presunta falta de recursos municipales tras el proceso electoral, donde empleados y directores municipales habrían participado en actividades de campaña, descuidando las arcas públicas. La administración de Mauricio Trejo ha sido señalada por recortar apoyos sociales, despedir empleados y reducir presupuestos para programas de becas y despensas luego de que volviera a ganar el proceso electoral.
Muchos de esos empleados hoy despedidos, fungieron también como porristas y actores activos en la campaña.
Los entrevistados sugieren que estas decisiones podrían estar motivadas por la necesidad de compensar la falta de fondos, lo que estaría llevando a presionar a los contribuyentes, incluso a aquellos que por ley tienen derecho a beneficios fiscales.
- Un llamado a la legalidad
La ciudadanía exige al gobierno municipal que respete lo establecido en la Ley de Hacienda, que contempla la aplicación de cuotas mínimas para adultos mayores, jubilados y pensionados sin condiciones arbitrarias. Además, piden que se mejoren las condiciones de atención para este sector vulnerable, eliminando barreras físicas y administrativas.
“Es hora de que las autoridades estudien la Ley y tomen decisiones fundamentadas, antes de enfrentarse a una avalancha de demandas administrativas. La dignidad de los adultos mayores debe ser prioridad”, concluyó uno de los afectados.
La administración de Mauricio Trejo vuelve al señalamiento por situaciones fuera de la legalidad, por el descontento ciudadano sigue creciendo ante lo que muchos consideran un trato injusto y violatorio de sus derechos.
