Redacción
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GUANAJUATO.- La gobernadora Libia Dennise García aprovechó sus redes sociales para ordenar al secretario de Seguridad, Juan Mauro González, que saque a la luz el multimillonario contrato “reservado” que el gobierno anterior, encabezado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, firmó con la empresa de seguridad Seguritech y su propietario, Ariel Zeev Picker Schatz, representados por Daniel Esquenazi Beraha.
La tensión gira en torno a un claro conflicto de interés: Esquenazi Beraha, encargado de relaciones gubernamentales de Seguritech, también es dueño de la casa donde reside ahora el exgobernador. Esa propiedad, valorada en más de $20 millones, cuenta con tres automóviles a nombre de otra empresa de seguridad operada por la cuñada del exmandatario.
Pero hay más: la relación entre Sinhue y Seguritech no es reciente. En 2019, Esquenazi y Picker adquirieron terrenos en Dolores Hidalgo para construir un viñedo. Poco después, el gobierno del estado destinó 120 millones de pesos para remozar esa región, una obra sin controles claros sobre quién manejó esos recursos.
Piden transparencia
En su mensaje, la gobernadora compartió:
“Hoy vivimos un Nuevo Comienzo en Guanajuato. Como gobernadora, me toca fortalecer la confianza de la ciudadanía… he instruido a la Secretaría de Seguridad… que se de a conocer la información del contrato… Cada administración enfrenta retos distintos. A mí me toca liderar con apertura y resultados…”
Sin mencionar nombres, García apunta al oscuro pasado del exgobernador Sinhue, del fiscal Carlos Zamarripa y del anterior secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, durante cuyo mandato se firmó el polémico acuerdo.
Contexto de inseguridad
Este anuncio llega en un momento clave: Guanajuato sigue siendo una de las entidades con más violencia e inseguridad en el país. En ese escenario, la gestión de Sinhue y el exfiscal Zamarripa han sido duramente señalados por su incapacidad para contener los niveles delictivos. Mientras tanto, Seguritech siguió operando con contratos blindados y escondidos, al tiempo que el exmandatario gozaba de privilegios inmobiliarios sospechosos.
¿Hará justicia?
La revelación de este contrato, junto con petro-dollaricos vínculos entre el poder político y una empresa de seguridad, ponen en el tapete exigencias fundamentales: rendición de cuentas, transparencia y investigación urgente.
Los guanajuatenses esperan que lo anunciado por la gobernadora no se quede en palabras, sino que se traduzca en auditorías reales, sanciones y, sobre todo, una señal clara: no más contratos a modo ni beneficios opacos.
