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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- La tarde del domingo 12 de enero, en el estacionamiento de la tienda Bodega Aurrerá, fue captada una escena que generó molestia y cuestionamientos entre ciudadanos: una unidad oficial del gobierno de San Miguel de Allende era utilizada, presuntamente, para realizar compras personales en pleno día domingo.
De acuerdo con el material difundido y con testimonios recabados, dos mujeres arribaron en la camioneta oficial, se estacionaron en el área del supermercado y, tras varios minutos al interior de la tienda, salieron con un carrito de mandado.
Una de ellas vestía pantalón negro y sudadera negra; la otra, pantalón gris, bolso negro, suéter rosa y lentes. Ambas colocaron en el carrito lo que señalaron como artículos de despensa, presuntamente para uso personal.
¿Quién es la funcionaria señalada?
La mujer que habría hecho uso de la unidad oficial fue identificada como Adriana Ramírez Flores, promotora de la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del municipio. Según información pública, percibe un salario aproximado de 13 mil 114 pesos mensuales y es una de las funcionarias que promueve programas sociales en comunidades y colonias de San Miguel de Allende.
Ramírez Flores también participó en el proceso de acercamiento y operación durante el reciente nombramiento de delegados comunitarios, apareciendo en diversos actos cerca del alcalde Mauricio Trejo Pureco.
Programas y señalamientos
Entre los programas que impulsa se encuentra la Red Móvil de Salud y Bienestar Comunitario, operada con camionetas que, de acuerdo con reportes de la Auditoría Superior del Estado, estarían vinculadas a empresas fachada, entre ellas Insumos Gregory, señaladas por presuntas irregularidades administrativas. Dichas observaciones han sido documentadas previamente en procesos de fiscalización.
Versiones en la comunidad
Adriana Ramírez Flores es originaria de la comunidad de El Salto, cercana a La Cuadrilla. Habitantes de la zona señalan —sin que exista confirmación oficial— que habría tenido al menos dos incidentes vehiculares mientras conducía unidades de Desarrollo Social, presuntamente en condiciones imprudentes.
Tras difundirse el caso, familiares y beneficiarios de programas sociales salieron en su defensa, argumentando que se trata de una promotora que “sí lleva apoyos” a las comunidades. Sin embargo, ciudadanos cuestionan el uso de vehículos oficiales para fines personales, especialmente cuando se trata de recursos públicos y de funcionarias cuyos nombres aparecen en listas de transparencia.
Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido una postura oficial sobre los hechos ni ha aclarado si existe alguna investigación administrativa en curso. Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa el uso y posible abuso de bienes públicos en San Miguel de Allende… seguro porque todos lo hacen y a otros, hasta se los roban.
