Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Tras hacerse público el informe de resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 del gobierno municipal, comenzaron a moverse las piezas dentro de la presidencia encabezada por Mauricio Trejo Pureco y unos hasta los corrieron y los volvieron a dejar que regresara.
El primero en pagar las consecuencias fue Erick Fabricio Nava González, encargado de despacho de la Contraloría desde octubre de 2024, pero nunca el titular, a quien el mismo alcalde mandó pedir que lo corrieran del cargo; su lugar se lo ofrecieron a Luis Joya Sepúlveda, el celayense que fungió como Subtesorero en el primer trienio del también michoacano, Mauricio Trejo, pero sin saber el motivo, Luis Joyales LES DIJO QUE NO, que para nada, que él solo les ayudaría a acomodar esta bomba de tiempo que tienen en sus manos.
Fuentes consultadas al interior del Gobierno de San Miguel de Allende, a este servidor público originario de Atizapán de Zaragoza del Estado de México, a quien hoy se le señala por “dejar pasar” frente a sus ojos las más de 60 irregularidades, sin decir nada y en total omisión, también se le relaciona por tener una relación más allá de lo profesional con una empleada del Municipio que al parecer es la encargada de controlar la nómina y contratación por honorarios, donde se aprueban “los aviadores”, casos que también salieron a la vista en la Auditoría realizada al gobierno de Mauricio Trejo Pureco, solo en el año 2023.
La razón del despido y luego la regresada del encargado de Contraloría: un informe de más de 600 páginas que documenta al menos 50 irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
Los señalamientos abarcan áreas clave del gobierno como Obras Públicas, Servicios Municipales, Medio Ambiente, SAPASMA, Contraloría, Tesorería, Oficialía Mayor y el Comité de Adquisiciones.
El informe, con número 24_RCP_ley_MSMA_2023, está firmado por el auditor superior Juan Víctor Fonseca López, el auditor especial de cumplimiento financiero Víctor Manuel Padilla, y el director de revisión municipal Carlos Romero, y fue emitido el 30 de septiembre de 2024. En él, se insta al gobierno de Trejo a ejercer el recurso de reconsideración conforme a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, pero el gobierno dejó pasar el plazo.
El alcalde Mauricio Trejo Pureco salió en un video a decir que tenía un presunto oficio, que no se ha dado a conocer de manera física, solo lo mostró en su video, diciendo que la Auditoría superior de la Federación (ASF) le dijo que su auditoría estaba bien, pero no dijo nada de las 60 irregularidades de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG),
Presión interna y regreso forzado
Poco tiempo después de la remoción, un grupo de funcionarios municipales -entre ellos Rolando Gutiérrez (encargado del área jurídica), Alejandra Aguado (programas sociales) y Eduardo Soto (Instituto de la Juventud)- tuvieron que ir a la oficina del Alcalde a solicitarle el regreso de Nava a su cargo.
La presión de los subordinados al Alcalde surtió efecto, y este viernes, cerca de las 2:00 de la tarde, el Contralor sin título fue reinstalado.
Sin embargo la tensión no cesó ahí.
Desde Tesorería y Contraloría se giraron órdenes para que el personal se quedara horas extra revisando cada uno de los señalamientos de la ASEG, algunos de los cuales podrían derivar en responsabilidades administrativas o incluso penales.
Esta no es la primera vez que “echan” a la mala al Contralor, también lo hicieron con Ernesto Fiscal Argüello en octubre del 2024, con el Tesorero Raúl Vallejo; el auditor, proveedor y también esposo de una proveedora (que sale en la Auditoría), Christopher Domingo Carrillo
¿Qué detectó la auditoría?
El informe reveló prácticas irregulares como:
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Contratación de proveedores impedidos legalmente para participar en licitaciones de bienes inmuebles y materiales de construcción.
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Adjudicación directa de vehículos sin cumplir con los procedimientos legales.
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Pagos de sentencias judiciales sin justificación documental.
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Presuntos aviadores: uno en Comunicación Social y otro en la propia Contraloría.
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Vinculación de empresas proveedoras con funcionarios en activo, incluyendo una con relación directa con el propio alcalde Mauricio Trejo y otra con la Oficial Mayor, Claudia Barragán Méndez.
Barragán ya había sido señalada en el primer trienio de Trejo por cobrar sin trabajar, mientras presuntamente laboraba en el Hotel Hacienda Guadalupe, propiedad del alcalde. Ahora, su nombre vuelve a aparecer ligado a contratos asignados a empresas creadas justo al inicio de la administración en 2021.
Estas empresas tienen en común un patrón inquietante: fueron registradas por trabajadores de la construcción y guardias de seguridad privada originarios de Chiapa de Corzo, Chiapas, quienes sin experiencia empresarial previa, hoy figuran como socios y representantes legales de firmas beneficiadas con contratos públicos millonarios.
Un sistema bajo sospecha
El informe de la ASEG no solo exhibe omisiones administrativas o errores de procedimiento: plantea la existencia de una red de corrupción estructural dentro del gobierno municipal de San Miguel de Allende, con personajes que se repiten, relaciones personales que se entrelazan y decisiones que, lejos de beneficiar a la ciudadanía, parecen diseñadas para favorecer a un grupo específico.
Mientras la administración de Trejo guarda silencio oficial sobre el informe y sus implicaciones, la presión política y ciudadana crece. Porque más allá de los nombres y cargos, lo que queda en evidencia es un gobierno donde las irregularidades no se corrigen… se encubren.
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