Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Un nuevo escándalo sacude a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato.
Luis Ricardo Benavides Hernández, titular de esta dependencia, y que también dirigió la Secretaria de San Miguel de Allende, enfrenta una denuncia por acoso y violencia laboral presentada por una empleada a quien llamaremos “Marce”.
Según la página primerplano.com, según el expediente CM/DQ/INV-025/2024, la denuncia fue interpuesta el 19 de diciembre de 2024 ante la Contraloría Municipal, en un caso que resalta las dinámicas de abuso de poder y maltrato institucional en un área clave para la seguridad ciudadana.
Todo comenzó con un comentario que dejó clara la atmósfera de hostilidad: “No estoy tan idiota para correrte, si no te parece, renuncia”, dijo Benavides en una reunión.
Según el testimonio de “Marce”, esta frase marcó el inicio de una serie de ataques verbales y laborales que derivaron en un ambiente tóxico.
El problema personal de Benavides, originado por una relación sentimental fallida con una secretaria de origen extranjero, se trasladó al ámbito profesional, convirtiendo a “Marce” en blanco de sus frustraciones.
Un entorno laboral insostenible
Los relatos asentados en la denuncia revelan que desde 2023, “Marce”, quien lideraba procesos de certificación internacional como CALEA y CERTIPOL, fue objeto de constantes humillaciones. Aunque logró completar dichas certificaciones en tiempo récord, su desempeño no fue suficiente para evitar las denostaciones del funcionario, quien en múltiples ocasiones le gritó que “no sabía ni lo que hacía”.
El abuso escaló cuando Benavides, tras el fracaso de su relación sentimental, exigió a la empleada información personal para intentar reconciliarse con su expareja. Según el testimonio, en mayo de 2024, al no recibir la información que solicitaba, la acusó de desleal y la confrontó con términos ofensivos.
Represalias y aislamiento
La situación llegó a su punto más crítico cuando Benavides ordenó el traslado de “Marce” a una bodega conocida como “la cueva de los castigos”. Este cambio, sin justificación laboral, fue comunicado con burla por uno de sus subordinados, Luis Yebra. Durante ese tiempo, se le retiraron sus funciones administrativas y fue aislada del equipo. Posteriormente, fue reasignada a otra oficina, con la instrucción de no volver a pisar la Secretaría de Seguridad.
Además, “Marce” denuncia que el diploma oficial de la certificación CALEA, que obtuvo gracias a su trabajo, fue desaparecido con la excusa de ser enmarcado. De igual forma, se le obstaculizó el acceso a información clave para el proceso de CERTIPOL, lo que afectó gravemente su desempeño.
El impacto emocional y psicológico
Las constantes agresiones verbales, el aislamiento y el hostigamiento afectaron profundamente la salud mental de la trabajadora. Según la denuncia, Benavides la encerraba durante horas en su oficina bajo el pretexto de reuniones laborales, que terminaban siendo sesiones de reclamos personales y humillaciones.
Cuando “Marce” intentó buscar apoyo dentro de la administración, recibió nuevas amenazas e intimidaciones. Benavides le advirtió que “no enfadara a los funcionarios de alto nivel” y que sus acciones solo provocarían su despido.
Un patrón de conducta preocupante
Este caso no es el primero que relaciona a Luis Ricardo Benavides Hernández con comportamientos de abuso de poder. En el pasado, enfrentó señalamientos similares en San Miguel de Allende, lo que deja entrever un patrón de conductas inapropiadas y prepotentes, recordando a su mentor, el General Rolando Eugenio Hidalgo Edy, conocido por prácticas abusivas dentro de las corporaciones que dirigió.
Un llamado a la justicia
El caso de “Marce” cobra especial relevancia en un momento en que la protección de las mujeres y el combate a la violencia laboral son banderas tanto del gobierno municipal, encabezado por Lorena Alfaro, como del estatal, liderado por Libia Denise Muñoz.
La investigación sigue su curso bajo el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Laboral en la Administración Pública Municipal. Por ahora, queda en manos de las autoridades determinar si se hará justicia en un caso que refleja una problemática latente en el ámbito institucional.
