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- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó tres iniciativas clave ante el Congreso local para frenar la violencia sexual y el acoso: un registro público de agresores, penas más severas para quienes cometen violencia familiar y la expulsión definitiva de servidores públicos que hostiguen a sus compañeras.
“En Guanajuato, el que violente o acose, no volverá a esconderse tras la ley”, advirtió la mandataria.
Durante la presentación de su paquete de reformas, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo fue directa: “He presentado ante el Congreso iniciativas para sancionar con toda severidad a quienes atenten contra mujeres, niños, niñas y adolescentes”.
Estas son las tres propuestas que podrían cambiar el panorama legal en Guanajuato:
1. Registro público de agresores sexuales
La primera iniciativa plantea la creación de un registro estatal de personas agresoras sexuales, un instrumento público que concentrará los datos de quienes hayan sido sentenciados por delitos sexuales, especialmente contra menores.
El objetivo: prevenir futuras agresiones y garantizar que los agresores queden marcados para siempre.
“Porque el agresor no sufre lo mismo, y la sociedad tiene derecho a saber quién puede representar un riesgo”, sostuvo la gobernadora.
2. Reformas al Código Penal en materia de violencia familiar
La segunda iniciativa busca que ningún agresor se escude en los recursos legales o beneficios del sistema para evitar castigos.
Con las reformas, los responsables de violencia contra mujeres o menores no podrán acceder a la suspensión condicional de la pena, una figura que les ha permitido salir libres mientras enfrentan procesos.
“La violencia familiar no es un error, es un delito grave. Y el que golpea o agrede, debe asumir las consecuencias”, sentenció García Muñoz Ledo.
3. Sanciones firmes por acoso sexual contra Servidores Públicos; será para ellos delito grave
La tercera iniciativa propone adicionar el artículo 57 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que el acoso sexual cometido por servidores públicos sea considerado una falta grave, incluso si es un hecho aislado o sin relación de subordinación.
Hasta ahora, este tipo de conductas eran vistas como faltas menores o terminaban sin sanción, dejando impunes a funcionarios que acosaban a compañeras o subordinadas.
“Con esta reforma, ningún acosador podrá quedarse en su puesto ni esconderse tras la burocracia. En el servicio público no cabe la violencia, solo la ética y el respeto”, enfatizó la mandataria.
Un parteaguas en la defensa de mujeres y menores
De aprobarse por el Congreso, estas tres iniciativas marcarán un antes y un después en la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de Guanajuato.
La gobernadora cerró con una frase contundente:
“La ley debe estar del lado de las víctimas, no de los agresores. En Guanajuato, el respeto y la dignidad no se negocian.”
