Redacción
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SAN MIGUEL DE ALLENDE.- Desde hace meses, un grupo de mujeres en San Miguel de Allende, ha sido víctima de hostigamiento, acoso e incluso problemas de salud derivados de la presión ejercida por abogados foráneos, de Celaya y Cortazar, quienes, con el respaldo de actuarios del Poder Judicial de Guanajuato, han intentado cobrarles deudas que ellas no reconocen.
Las afectadas aseguran que se les acusa de deber dinero a las supuestas financieras Creciendo y Vale Feliz, las cuales, al ser consultadas en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), no aparecen registradas legalmente.
A pesar de esto, los abogados han insistido en cobrarles, recurriendo a amenazas y métodos fuera de la legalidad. (Listas de financieras legales en Guanajuato: DALE CLICK AQUÍ)
Son los abogados Josué Édgar Manríquez Nieto, de Celaya, y Francisco Jacob Segura, de Cortazar, y ahora uno que dijo llames Martín Marcial,quienes por meses llegaron a las casas de más de 150 mujeres sanmiguelenses para cobrar, con métodos fuerza de la ley, una deuda que la mayoría de ellas no reconocen y otras más, por “ser avales” de personas que ni conocen.
Un día, varias mujeres desesperadas por pagar dinero que nunca pidieron, decidieron defenderse y comenzaron a buscar la forma de defenderse de estos abogados que la amenazaban con intentos de embargo, con cobros de dinero en efectivo o como Josué Édgar, quien pedía le depositaran en SU CUENTA PERSONAL, a su nombre y en Scotiabank, nunca de la financiera.
AL REVELAR SU MODUS OPERANDI, LANZAN AMENAZAS
Pero hoy la cosa cambió y mujeres denunciaron que estos abogados le advirtieron que “las que intenten defenderse por la vía legal, les va a ir mal, porque lo que están haciendo es ilegal”, cuando, en realidad, son ellos quienes han actuado al margen de la ley, con presión y amenazas en los domicilios de las afectadas
Ayer por la mañana, un hombre que se identificó como Martín Marcial, presunto abogado, se presentó en la casa de una de las mujeres afectadas, acompañado de una actuario del Poder Judicial de Guanajuato, que dejó en un oficio el nombre de Carmen Irene Reyes Mejía.
Esta funcionaria, quien percibe un sueldo de $25,149 mensuales y es egresada del Centro de Estudios Superiores Allende, en la colonia Aurora, entregó un oficio citando a la mujer a una audiencia a las 9:00 de la mañana.
La cita era en la casa de otra persona, quien tampoco reconocía la deuda y a quien se le acusa de ser aval de un préstamo que nunca solicitó. Durante el encuentro, el abogado Martín Marcial le exigió a la mujer que entregara el dinero que tuviera en la mano para “parar el asunto”, todo esto frente a la actuaria del Poder Judicial.
¿Cómo inició el problema?
De acuerdo con las denunciantes, el problema comenzó con María Cecilia, una mujer del fraccionamiento Infonavit Malanquin que trabajaba en una financiera y otorgaba préstamos. Sin embargo, tras ser despedida por malas prácticas, María Cecilia entregó a un grupo de abogados de Celaya y Cortazar los documentos personales, pagarés y firmas de más de 180 mujeres de San Miguel de Allende, a cambio de librarse de una deuda personal.
Muchas de las afectadas aseguran haber liquidado sus préstamos de manera puntual, pero ahora son perseguidas por abogados que insisten en cobrarles nuevamente, incluso cuando en algunos casos se les exige pagar deudas ajenas, de personas que ni siquiera conocen.
Cuando algunas de ellas intentaron localizar a María Cecilia para aclarar la situación, fueron recibidas por un hombre que las amenazó y les dijo que ella “no estaba disponible”. Según las afectadas, María Cecilia se encuentra escondida.
Exigen intervención de las autoridades
Ante el hostigamiento constante, las mujeres han comenzado a organizarse para exigir la intervención de las autoridades y frenar los abusos. Han solicitado apoyo para esclarecer la legalidad de las financieras que las acusan, así como la actuación de los abogados y servidores públicos involucrados.
Mientras tanto, siguen enfrentando un clima de incertidumbre y temor ante las amenazas que reciben. Las denunciantes insisten en que no se dejarán intimidar y buscarán hacer valer sus derechos por la vía legal.
